Tras la petición del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), de emplear las Fuerzas Armadas en labores de seguridad para batallar la delincuencia y crímenes, ha nacido un debate intenso entre autoridades locales y nacionales. Esta propuesta, respaldada por varios Jefes Comunales, apunta a proteger la infraestructura crítica y liberar a Carabineros para enfocarse en la lucha contra el crimen. Vodanovic argumenta que, ante la falta de dotación policial y la crisis de seguridad en el país, el Estado debe utilizar todas sus herramientas disponibles para abordar este desafío de manera urgente. Este planteamiento ha generado diversas opiniones y análisis sobre su viabilidad y efectos.
Durante el día martes 12 de marzo, se llevó a cabo un sustancial encuentro entre la Ministra del Interior, Carolina Tohá, y el Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien planteó la urgencia de emplear las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia y los crímenes que han alarmado a la comunidad. Este llamado se produce en medio de una serie de hechos violentos, incluyendo homicidios y otros delitos graves, que han sacudido la tranquilidad de la ciudadanía. La gota que rebalsó el vaso, fue el descubrimiento del cuerpo del ex Teniente venezolano, Ronald Ojeda, cuyo asesinato ha conmocionado al país.
Tras dicha reunión, diversos Alcaldes y Alcaldesas han expresado sus opiniones al respecto, abordando el tema desde diferentes perspectivas políticas. Algunos líderes, como la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), han respaldado la propuesta, argumentando que la implementación de la “Ley de infraestructura Crítica” es esencial para abordar la crisis de seguridad de manera efectiva, especialmente ante los ataques constantes a los vecinos por parte de la delincuencia.
De manera similar, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), comentó en Radio Duna que enfatiza la necesidad de una presencia conjunta de militares y policías en lugares estratégicos como estaciones de metro, terminales de buses y aeropuertos, para proteger la infraestructura crítica y garantizar la seguridad de la ciudadanía. Esta postura ha sido respaldada por varios alcaldes de distintas tendencias políticas, incluyendo a Rodolfo Carter (Ind.), Erika Martínez (CS), Gustavo Toro (DC) y German Codina (RN), con sus diferentes variantes sobre cómo aplicar esta propuesta.
Sin embargo, otras autoridades han mostrado reticencia ante la propuesta del alcalde Vodanovic. El alcalde Gonzalo Duran, por ejemplo, ha señalado la importancia de incorporar a las Fuerzas Armadas en puntos sensibles del país a través de la Ley de Infraestructura Crítica, pero ha advertido sobre los riesgos de involucrarlas en labores de seguridad pública en barrios donde su falta de preparación para tratar con la población, podría generar problemas adicionales.
Por su parte, la alcaldesa Evelyn Matthei ha criticado duramente la solicitud, argumentando que no existen garantías de que un despliegue militar en ciertas comunas realmente fortalezca la seguridad. Además, ha cuestionado la capacitación de los militares para interactuar con la población civil, planteando preocupaciones sobre detenciones a Militares ante posibles violaciones a derechos humanos, se cuestiona sobre las garantías que se les darían a estos funcionarios. También declara que es una total falta de conciencia y responsabilidad pedir que militares salgan a la calle.
Mientras tanto, en Peñalolén se han implementado operativos de fiscalización, desde enero de este año, en Avenida Grecia, entre Tobalaba y Consistorial, con el objetivo de reforzar el despliegue territorial del Estado y combatir la delincuencia. A pesar de estos esfuerzos, los índices delictivos han escalado en los primeros meses del año, con casos de asesinatos, persecuciones, encerronas y balaceras que han puesto en jaque la seguridad de la ciudadanía y evidenciado la crisis de seguridad en Chile.
La alcaldesa Carolina Leitao (DC), menciona que ya se ha solicitado reiteradas veces al gobierno la implementación de esta medida y que le ha indicado a la Ministra del Interior que está dispuesta a conversar con los parlamentarios en caso de que fuese necesario.
Es importante recordar que, el presidente Gabriel Boric, convocó al grupo COSENA el 5 de febrero para abordar la arraigada crisis de seguridad en la sociedad. El objetivo fue discutir la implementación del proyecto de infraestructura crítica, en trámite en el Congreso Nacional, que implica la presencia militar en áreas críticas para reforzar la acción policial. Sin embargo, esta estrategia podría desterritorializar el problema, extendiendo el objetivo público y dando lugar a nuevas amenazas. La necesidad de definir infraestructuras críticas, planificar la comunicación con la población y establecer reglas claras para la actuación militar es fundamental.
El presidente, durante una entrevista en la Radio Condell de Curicó, finalmente se ha referido ante el tema y expresado su disposición a dialogar sobre la solicitud luego de conversar con el alcalde Vodanovic. Sin embargo, se ha indicado desde el Ejército que carecen de la capacitación necesaria para desempeñar estas funciones. No obstante, podrían colaborar en tareas específicas para aliviar la carga de trabajo de las fuerzas policiales que sí cuentan con la preparación adecuada.
En primer lugar, la delimitación de infraestructuras críticas es crucial para evitar una aplicación indiscriminada de la medida. Es necesario identificar los puntos donde la presencia militar sería más efectiva y justificada, garantizando que se aborden los verdaderos focos de la crisis de seguridad. Además, la planificación de la comunicación con la población es esencial para evitar malentendidos y temores infundados. La transparencia y la claridad en la información transmitida ayudarán a generar confianza y aceptación en la comunidad.
Por otro lado, la relación entre la protección de la infraestructura y el papel de las fuerzas policiales, especialmente Carabineros, es un aspecto que requiere una cuidadosa consideración. ¿Cómo se coordinarán las actividades de las fuerzas armadas y la policía para garantizar una respuesta efectiva y coherente ante la delincuencia? ¿Existen protocolos claros para la colaboración entre estas instituciones y cómo se implementarán en la práctica?
La preparación adecuada de las fuerzas armadas para enfrentar los desafíos de seguridad interna también es una preocupación importante. Se deben proporcionar los equipos, experiencias y entrenamientos necesarios para que los militares puedan desempeñar sus funciones de manera efectiva y respetuosa con los derechos humanos. ¿Qué medidas se tomarán para garantizar que las fuerzas armadas estén adecuadamente capacitadas y equipadas para abordar las situaciones de seguridad pública de manera apropiada y proporcionada?
Por último, surge la pregunta sobre si este enfoque es el más adecuado dentro de los márgenes de la democracia latinoamericana. ¿Cuáles son los límites y las salvaguardas necesarias para garantizar que el uso de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interna no comprometa los principios democráticos y los derechos civiles? ¿Cuál es el papel de los organismos de control y supervisión en este contexto?
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