Centenares de vecinos y dirigentes sociales de Peñalolén llegaron hasta el frontis de la Corte Suprema para sumarse a la acción judicial presentada contra el controvertido proyecto inmobiliario Hijuelas-Quilín. La medida fue interpuesta por el concejal Claudio Hernández, quien criticó el reciente acuerdo extrajudicial firmado entre la Municipalidad de Peñalolén, la empresa Universa SPA y algunos vecinos de la agrupación Chao Hijuelas. “Debemos privilegiar la vivienda social por sobre los proyectos inmobiliarios”, sostuvo Hernández en la instancia.
Impacto ambiental y urbano preocupa a la comunidad
El proyecto Hijuelas-Quilín ha sido cuestionado desde su inicio por su impacto urbano, vial y medioambiental. En 2023, las observaciones presentadas por los vecinos permitieron revocar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) ante el Tribunal Ambiental. Sin embargo, el pasado 10 de abril, se firmó un acuerdo extrajudicial en el concejo municipal donde la inmobiliaria se compromete a reestructurar el proyecto y a implementar medidas de mitigación vial previas a la construcción de la primera torre.
Organizaciones sociales denuncian exclusión y falta de representatividad
Diversas organizaciones sociales manifestaron su rechazo al acuerdo. Eduardo Gisen, de la ONG Colectivo Viento Sur, afirmó que el proyecto “perpetúa la segregación socioambiental que ha existido por décadas en Peñalolén”.
Por su parte, Natalia Garrido, vocera del Movimiento de Pobladores en Lucha (MPL), advirtió que “la plusvalía de la comuna no tiene que ser una mercancía” y criticó la saturación urbana de Peñalolén.
Desde la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman indicó que el conflicto debería ser abordado por el Ministerio de Vivienda, debido al impacto del proyecto y la falta de regulaciones claras.
Recurso busca anular el acuerdo extrajudicial
La acción legal, ingresada bajo el Rol N° R-334-2022, solicita que la Corte Suprema anule el acuerdo y detenga el avance del proyecto Hijuelas-Quilín. Los vecinos argumentan que los firmantes del acuerdo no representan a la comunidad afectada.
“Nos quedan serias dudas sobre la representatividad de los tres vecinos que firmaron esta transacción extrajudicial”, expresó el concejal Hernández en Tribunales.
El acuerdo también incluye compromisos de mitigación vial, pero sin plazos definidos. Además, obliga a los firmantes a no presentar futuras acciones legales contra el municipio.
