En las primeras horas de este jueves, alrededor de las 8:00 de la mañana, personal de Carabineros y funcionarios municipales llegaron al borde norte de la Quebrada de Macul para ejecutar el desalojo y demolición parcial de la Toma Dignidad, ubicada en el límite entre las comunas de La Florida y Peñalolén.
El operativo movilizó a alrededor de 800 funcionarios policiales y municipales, y fue calificado por las autoridades como el más grande en la Región Metropolitana desde 2021.
Según los reportes oficiales, 194 familias —unas 700 personas en total— deberán abandonar el terreno durante los próximos días. Sin embargo, los pobladores aseguran que no han recibido el subsidio de arriendo comprometido por el gobierno, equivalente a 500 mil pesos mensuales, destinado a facilitar el acceso a viviendas temporales.
Subsidio de arriendo: denuncias y versiones municipales
Desde el municipio de La Florida informaron que el beneficio ya fue entregado a 52 familias (41 por La Florida y 11 por la Municipalidad de Peñalolén), aunque la mayoría de los afectados dice no haber recibido ayuda concreta.
El delegado presidencial Gonzalo Durán señaló que el desalojo de la Toma Dignidad “no fue una acción improvisada”, sino el resultado de años de preparación, que incluyeron catastros y coordinación entre diversas instituciones públicas para ofrecer soluciones concretas.
El origen de la Toma Dignidad y la crisis habitacional
La Toma Dignidad nació en 2019, durante el estallido social, como respuesta a la crisis habitacional y la falta de acceso a viviendas dignas. Muchas familias provenían de comunas como Peñalolén, donde vivían como allegadas o en arriendos precarios, y vieron en la toma una opción de emergencia para obtener un techo.
El terreno, sin embargo, está ubicado en una zona de riesgo de aluviones y deslizamientos, lo que ha sido uno de los principales argumentos para su desalojo. Aun así, los vecinos sostienen que no tenían otra alternativa.
Un problema estructural: déficit habitacional y políticas públicas
El desalojo de la Toma Dignidad vuelve a poner en el centro del debate público la discusión entre el derecho a la vivienda y la propiedad privada.
Organizaciones sociales y especialistas advierten que este tipo de operativos visibilizan un problema más profundo: el déficit habitacional en Chile.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) basadas en el último Censo 2024, el déficit habitacional cuantitativo asciende a 491.804 viviendas, equivalentes al 7,5% de los hogares del país.
Preguntas para el debate
Estos operativos, realizados con amplia presencia policial y cobertura mediática, vuelven a poner en el centro del debate público la compleja relación entre la ley, la justicia social y las políticas de vivienda. Para muchas familias, ocupar un terreno no representa un acto de rebeldía ni de ilegalidad, sino una respuesta desesperada ante la imposibilidad de acceder a un hogar propio en un mercado inmobiliario cada vez más excluyente.
Te invitamos a opinar:
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¿Debe prevalecer el derecho a la propiedad privada sobre el derecho a una vivienda digna?
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¿Contribuyen los medios de comunicación a estigmatizar las tomas y reforzar una mirada criminalizadora?
