En menos de dos semanas, el alcalde Miguel Concha pasó de celebrar el triunfo de la recién electa diputada Constanza Schonhaut —a quien respaldó públicamente durante la campaña— a enfrentar protestas violentas después del desalojo de la feria navideña instalada en Avenida Departamental, en un intento por “frenar el chipe libre y ordenar la casa” que no tuvo el efecto esperado. A ello se sumó una ola de despidos a honorarios que remeció al municipio y la aparición anticipada en la prensa de una auditoría aún no presentada oficialmente, cuyo contenido generó tensión dentro del propio oficialismo. Sin versiones oficiales sobre el origen de la filtración, la discusión se centró en el manejo interno del proceso y en la oportunidad política de su difusión. En medio de celebraciones públicas, disturbios inesperados y señales contradictorias dentro de su propio sector, Peñalolén vivió días donde las preguntas superaron con creces a las certezas.
La semana había partido con un aire casi festivo. En los pasillos del municipio se comentaba que la apuesta del alcalde había resultado: Constanza Schonhaut, la candidata que él apoyó abiertamente, logró quedarse con el único escaño progresista del siempre esquivo Distrito 11. Fue una foto política importante. No pasó inadvertida. Y, por unos días, parecía que Concha arrancaba diciembre con viento a favor.
Pero en Peñalolén nada dura demasiado.
El martes temprano, mientras la comuna todavía discutía los resultados electorales, un operativo conjunto entre el municipio y Carabineros terminó desatando una tarde que pocos olvidarán. La feria navideña instalada ilegalmente en Avenida Departamental fue desalojada en un procedimiento que, sobre el papel, buscaba “ordenar la casa”, pero que en terreno derivó en enfrentamientos violentos: piedras, botellas, fuegos artificiales dirigidos contra los uniformados, barricadas cortando la avenida y la comisaría del sector recibiendo impactos. Dos carabineros terminaron heridos y una persona fue detenida.
El municipio defendió la acción como necesaria para recuperar el espacio público. En el territorio, sin embargo, la lectura fue distinta. “Esto pasa porque no hay alternativas para la gente”, repetían vecinos entre el humo y la confusión. La violencia dejó en evidencia que el ordenamiento municipal, sin un componente social sólido detrás, genera tensiones profundas en una comuna marcada por desigualdades y trabajos informales.
Mientras afuera ardía la calle, adentro comenzaba otro incendio, esta vez en un edificio municipal que —metafóricamente— sigue “quemado” desde hace meses y donde varias reparaciones aún están pendientes. Durante la misma semana se multiplicaron las denuncias de despidos masivos de funcionarios a honorarios —se hablaba de más de 90 cargos— afectando principalmente a trabajadores con las remuneraciones más bajas. Entre los casos reportados hubo también personas con fuero vigente y, según trascendidos internos, funcionarios que habían presentado denuncias por Ley Karin contra sus jefaturas. No hubo comunicado oficial, no hubo criterios transparentados y no hubo explicaciones públicas: solo correos de agradecimiento y oficinas vacías.
Para algunos, una reestructuración inevitable ante un escenario financiero complejo. Para otros, una señal inquietante de que el municipio estaba moviendo piezas con un criterio difícil de comprender desde fuera.
El golpe final llegó desde la prensa. Una auditoría municipal cuyo informe —según fuentes internas— llegó al municipio el 15 de noviembre, aún sin presentación oficial, apareció anticipadamente filtrada en medios nacionales con cifras que podrían bordear los $16.300 millones de déficit. La noticia generó un remezón político inmediato: cuestionamientos por el manejo interno del proceso, tensiones dentro del propio oficialismo y un clima de interrogantes sobre los tiempos y la oportunidad en que el documento salió a la luz.
Sectores del oficialismo consideraron inoportuna la exposición pública del informe justo cuando el municipio enfrentaba disturbios, despidos y tensiones internas. Otros cuestionaron que la auditoría —adjudicada vía licitación— fuera utilizada políticamente antes de ser socializada con el Concejo y con la propia comunidad. Varios concejales manifestaron molestia por haberse enterado del contenido a través de la prensa y no por canales institucionales, profundizando la sensación de desorden interno. En paralelo, comenzó a circular la idea de que la filtración complicó a ambos sectores y no necesariamente favoreció al alcalde: hasta ese momento, Concha había evitado cargar públicamente contra la administración de Carolina Leitao, manteniendo —según cercanos— una línea de protección política hacia su antecesora. La publicación del informe rompió ese equilibrio.
