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Ley de Incendios en Chile: El laberinto de las 26 urgencias frente a la crisis climática

Escrito por: Romina Torrealba212

Mientras el país enfrenta su cuarto verano consecutivo de catástrofes forestales, la normativa que busca mitigar los siniestros sobrevive en un “coma inducido” por el Senado. Entre el uso estratégico del reglamento por parte de un Senado opositor y la incapacidad del Ejecutivo para forzar un despacho, la gestión política parece avanzar más lento que las llamas.

Chile vuelve a arder. Desde el viernes 16 de enero de 2026, una ola de calor extremo ha reactivado focos críticos en Ñuble y Biobío, repitiendo un ciclo de devastación que ya golpeó al Maule en 2023, a Valparaíso en 2024 y a La Araucanía en 2025. Sin embargo, el principal cortafuegos legal, la Ley de Incendios (Boletín 16335-14), sigue atrapada en el Congreso después de tres años de tramitación y un récord de 26 urgencias presentadas por el Ejecutivo que, en la práctica, han resultado estériles.

El laberinto del Artículo 152: La urgencia que no urge

El panorama legislativo revela una contradicción sistémica. El Artículo 152 del Reglamento del Senado es taxativo: en proyectos con urgencia, el debate debe cerrarse el último día del plazo legal y la sesión “no podrá levantarse antes de haberse despachado totalmente el asunto”. No obstante, este imperativo ha sido eludido sistemáticamente.

Las fuentes oficiales confirman que el Ejecutivo de Gabriel Boric ha utilizado el mecanismo de “retirar y reponer” la urgencia para renovar plazos breves de 3 o 10 días. Esta maniobra, diseñada originalmente para evitar que un proyecto caduque, se ha convertido en una herramienta de postergación: se retira la urgencia antes de que venza el plazo para evitar forzar una votación que el Gobierno, ante un Senado de oposición, sabe que podría perder.

Una Mesa Directiva de oposición y el control del reloj

Durante el periodo más crítico (2023-2026), la presidencia del Senado ha estado en manos de la derecha (Juan Antonio Coloma, José García Ruminot y Manuel Osandón). Aunque el Presidente del Senado tiene la facultad reglamentaria de “distribuir y ordenar la discusión… para asegurar la adopción de resoluciones dentro de plazos determinados”, la gestión de la Mesa ha permitido una dilatación técnica constante.
Bajo la presidencia de García Ruminot, por ejemplo, se registraron 15 renovaciones consecutivas de “Suma Urgencia” entre marzo y agosto de 2024. En lugar de cerrar el debate como sugiere el espíritu del Artículo 152, la Sala ha optado por “fijar nuevos plazos para presentar indicaciones” de forma recurrente (octubre 2024, enero 2025, diciembre 2025), permitiendo que el proyecto se estanque en las comisiones de Agricultura y Hacienda.
¿Negociación técnica o bloqueo político?
Desde una perspectiva crítica, el historial muestra que la “Discusión Inmediata” (3 días) se ha vuelto un saludo a la bandera. En enero de 2025, mientras los incendios consumían La Araucanía, el Ejecutivo aplicó esta urgencia máxima en tres ocasiones distintas (14, 21 y 27 de enero). En todas ellas, la respuesta del Senado fue la misma: abrir nuevos plazos para indicaciones, desplazando la votación particular hacia meses de menor presión mediática.
El hecho de que Chile inicie el año 2026 con incendios activos y sin una ley despachada es el testimonio de un sistema político donde la protección del reglamento parece haber pesado más que la urgencia de la emergencia. La Ley de Incendios no ha fallado por falta de mecanismos legales para acelerarla, sino por un uso estratégico de los mismos para no llegar jamás a la votación definitiva.