Señor Director:
El pasado 1 de junio de 2026 el Gobierno ingresó un proyecto que crea un Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades. Suena a seguridad, pero a decir verdad, esto se trata más bien de una máquina de exclusión social: quedar inscrito -incluso por una falta menor- podría dejar a una persona sin acceso a derechos sociales como vivienda o educación. La misma consecuencia recae sobre quien comete un delito grave y sobre quien vende sopaipillas en la calle sin patente. Castigar igual lo desigual es una injusticia y, probablemente, un vicio constitucional. Y como golpea justo los beneficios que usan los más pobres, esto corresponde llamarlo como lo que realmente es: un Registro Antipobres.
Pero sería cómodo quedarse solo en la crítica al Gobierno. Como concejal, creo que también debemos mirarnos a nosotros. En Peñalolén, como en tantas comunas, se ha instalado una forma de hacer seguridad pensada para la cámara: el operativo grabado, el desalojo del “ruco”, la imagen que circula en redes. Da likes y posiciona, pero casi nunca viene con lo que importa. ¿Qué le ofrecemos a esa persona después? ¿Un techo, un tratamiento, un trabajo? Por lo general, solo la expulsión de un barrio para que reaparezca en otro.
Y ese es el punto: cada vez que se criminaliza la pobreza para figurar, se construye un estigma. Sobre ese estigma se terminan legitimando leyes como esta. La política local del espectáculo le pavimenta el camino a la política nacional del castigo.
Ordenar la comuna no puede ser expulsar y abandonar. La seguridad que sirve es la que no sale en cámara: la coordinación silenciosa, la reinserción, el acompañamiento para que alguien tenga vivienda y empleo. La pregunta no es solo para el Gobierno; es para todos los que ejercemos un cargo: más allá del reel, ¿qué estamos ofreciendo?
Juan Cristóbal Cantuarias
Concejal de Peñalolén
