El adolescente de 16 años murió el 25 de agosto de 2011 tras recibir un disparo efectuado por un carabinero en el sector de Américo Vespucio, límite entre Macul y Peñalolén. El funcionario pertenecía a una unidad policial de Peñalolén, cuyas dependencias también fueron parte de diligencias posteriores.
Este 25 de agosto se cumplieron 15 años de la muerte de Manuel Gutiérrez Reinoso, adolescente de 16 años que fue asesinado en 2011 tras recibir un disparo efectuado por un funcionario de Carabineros durante una jornada de movilizaciones.
Los hechos ocurrieron en el sector de Américo Vespucio, en el límite entre las comunas de Macul y Peñalolén, en las inmediaciones de la pasarela que conecta ambas comunas. El disparo fue efectuado por el entonces sargento de Carabineros Miguel Millacura, quien pertenecía a una unidad policial de Peñalolén.
A una década y media de los hechos, la familia de Manuel continúa buscando justicia y ahora espera que el caso pueda llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
El nuevo avance se produce luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comunicara a los representantes de la familia su Informe de Admisibilidad y Fondo. Tras conocer esta resolución, solicitaron que el caso sea remitido a la Corte Interamericana.
La muerte de Manuel Gutiérrez
La noche del 25 de agosto de 2011, Manuel había salido junto a su hermano Gerson, quien se movilizaba en silla de ruedas, para observar las manifestaciones desarrolladas en el contexto del paro nacional estudiantil.
Según los antecedentes presentados ante la CIDH, ambos se encontraban a distancia de los enfrentamientos y no participaban de los disturbios.
Durante el operativo policial, el entonces sargento Miguel Millacura efectuó dos disparos con una subametralladora UZI de 9 milímetros desde el sector de Avenida El Valle, en las cercanías de la pasarela sobre Américo Vespucio que conecta este sector con calle Amanda Labarca.
Los proyectiles impactaron en la estructura de la pasarela. Uno de ellos alcanzó a Manuel, quien falleció producto de sus lesiones. Carlos Burgos, quien se encontraba en las cercanías, también resultó herido.
Tras conocerse la muerte del adolescente, Millacura reconoció haber efectuado los disparos. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el funcionario inicialmente no informó lo ocurrido y posteriormente reconoció haber utilizado su arma de servicio.
El vínculo del caso con Peñalolén
La investigación por la muerte de Manuel Gutiérrez también tuvo importantes diligencias en Peñalolén.
Miguel Millacura pertenecía a una unidad policial de la comuna y, tras establecerse su participación en los disparos, la investigación se extendió hasta dependencias de Carabineros en Peñalolén, según consignó en su tiempo Bio Bio.
La fiscal militar Paola Jofré realizó diligencias en la 43ª Comisaría de Peñalolén, donde fueron revisados libros de guardia y documentación interna para determinar la actuación de los funcionarios durante la jornada del 25 de agosto.
Además, durante la investigación fueron incautadas subametralladoras UZI y revisados registros relacionados con el uso de armamento y municiones.
El caso también tuvo consecuencias al interior de Carabineros. Entre los funcionarios llamados a retiro estuvieron el entonces comisario de la 43ª Comisaría de Peñalolén, Roberto Contreras, y el subcomisario de la unidad.
Condena cuestionada por la familia
La investigación quedó posteriormente en manos de la justicia militar. Millacura fue condenado inicialmente a tres años y un día, pero la Corte Marcial recalificó los hechos como cuasidelito de homicidio y redujo la pena a 400 días. La Corte Suprema mantuvo posteriormente esta decisión.
Para la familia de Manuel, el proceso no permitió establecer todas las responsabilidades relacionadas con su muerte. Por esta razón, durante los últimos años recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Quince años después de los hechos, este camino presenta un nuevo avance.
Caso podría llegar a la Corte Interamericana
De acuerdo con los antecedentes conocidos del Informe de Fondo de la CIDH, cuyo contenido permanece reservado, la Comisión habría establecido que el Estado de Chile vulneró el derecho a la vida y los derechos del niño de Manuel Gutiérrez, además de derechos relacionados con la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial de Carlos Burgos y de la familia.
La Comisión también habría cuestionado aspectos relacionados con el uso de la fuerza durante el operativo y con la investigación desarrollada por la justicia militar.
Entre sus recomendaciones se encontrarían medidas de reparación para las víctimas, la reapertura de la investigación penal, la determinación de eventuales responsabilidades administrativas y la adopción de medidas destinadas a evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
El pasado 3 de junio, los representantes de la familia solicitaron que el caso sea enviado a la Corte Interamericana “a la brevedad posible”.
Este paso, sin embargo, no significa que Chile ya esté siendo juzgado ante la Corte Interamericana. Para que ello ocurra, la CIDH debe decidir formalmente remitir el caso al tribunal.
