Diez personas fueron detenidas tras el allanamiento de cinco domicilios en Peñalolén. Ocho fueron formalizadas por tráfico de drogas y porte o tenencia de armas de fuego, mientras que otras dos fueron formalizadas por microtráfico. Cuatro de los principales investigados quedaron en prisión preventiva.
Un operativo de la Agrupación Modelo Territorial Cero (MT0) de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Peñalolén terminó con la detención de diez personas y la incautación de drogas, armas y dinero en efectivo, en el marco de una investigación por tráfico ilícito de estupefacientes e infracción a la Ley de Control de Armas.
El procedimiento se realizó el jueves 10 de septiembre, luego de que el 13° Juzgado de Garantía de Santiago autorizara el ingreso y registro de cuatro domicilios. Durante el operativo, la Fiscalía solicitó verbalmente al tribunal ingresar a un quinto inmueble, donde también fueron encontrados municiones y otros elementos.
Según explicó el prefecto José Castillo Carrasco, jefe de la BICRIM Peñalolén, la investigación fue desarrollada junto a la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Oriente. “Se procedió a la intervención de cinco domicilios ubicados en la comuna de Peñalolén, tras lo cual resultaron detenidas 10 personas”, señaló Castillo.
De acuerdo con la información entregada por la PDI, nueve de los detenidos son ciudadanos chilenos y uno es de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en situación migratoria irregular en el país.
Investigación permitió identificar domicilios utilizados para la venta de drogas
La fiscal de Análisis Oriente, Claudia Barraza, explicó que la investigación comenzó a partir de una denuncia segura relacionada con un domicilio ubicado en Peñalolén. A partir de esa información se realizaron vigilancias y otras diligencias investigativas que permitieron identificar distintos inmuebles presuntamente vinculados a la comercialización de drogas. “Se pudieron percatar que un blanco investigativo concurría a ese domicilio a efectuar venta de droga y además se desplazaba hacia otro domicilio”, explicó la fiscal.
Las diligencias realizadas por la PDI permitieron solicitar las órdenes de entrada y registro al tribunal. Durante el procedimiento se encontraron aproximadamente 600 gramos de cocaína base y 500 gramos de clorhidrato de cocaína, además de cannabis sativa.
La documentación policial también da cuenta de una incautación de drogas avaluada en más de $8 millones, además de cerca de $2,8 millones en dinero efectivo, que según la PDI corresponderían a dinero obtenido de la venta ilícita de drogas.
Incautan armas de fuego y elementos adaptados
Además de las sustancias ilícitas, los detectives incautaron armas y otros elementos relacionados con armamento.
El prefecto Castillo detalló que se encontraron dos armas de fuego, entre ellas una pistola con cargador y munición y un revólver. También fueron incautados un arma traumática, dos armas de fogueo —una de ellas modificada para efectuar disparos— y otros elementos.
La fiscal Barraza agregó que en los domicilios también fueron encontrados un rifle, un arma de balines y municiones.
Diez personas fueron formalizadas
Tras el operativo, las diez personas detenidas fueron puestas a disposición del tribunal y formalizadas durante la jornada siguiente.
Según explicó la fiscal Barraza, ocho de los imputados fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas y, en varios casos, también por porte o tenencia de armas de fuego. Las otras dos personas fueron formalizadas por microtráfico, debido a que se les encontró una cantidad menor de droga.
De los diez detenidos, cuatro correspondían a personas que habían sido identificadas previamente como objetivos de la investigación. Las otras seis fueron detenidas en flagrancia al interior de los domicilios allanados.
Respecto de las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para los principales imputados. El tribunal decretó esta medida para cuatro de ellos, correspondientes a los principales blancos de la investigación.
Para otros cuatro imputados, la Fiscalía solicitó prisión preventiva, pero el tribunal no acogió dicha medida. Ante esta decisión, el Ministerio Público apeló verbalmente de las cautelares.
En tanto, dos imputados quedaron sujetos a las medidas cautelares contempladas en el artículo 155 del Código Procesal Penal, según explicó la fiscal Barraza.
El procedimiento forma parte de las diligencias desarrolladas por la PDI y el Ministerio Público para investigar la presunta comercialización y acopio de sustancias ilícitas en distintos domicilios de la comuna.
