Señor Director:
En Peñalolén se ha vuelto habitual ver operativos de alto despliegue municipal, policial y cámaras de televisión, al estilo de la nueva ola de “Alcaldes Sheriffs”: retiro de vehículos, erradicación del comercio ambulante en los entornos de las estaciones Grecia y Las Torres, clausura de locales, fiscalizaciones, demolición de “narcocasas” y, recientemente, la pintura de espacios públicos en Avenida Grecia. En sí, estas son acciones que tienen su mérito, pues toda acción que contribuya a mejorar la vida en nuestros barrios es bienvenida, pero el problema comienza cuando se confunde lo visible con lo importante, desplazando lo que realmente necesitan las personas para mejorar su calidad de vida.
El Plan Comunal de Seguridad Pública 2025-2028, aprobado por el Concejo Municipal en octubre pasado, establece con claridad cuáles son las prioridades de la comuna: robo con violencia o intimidación, violencia intrafamiliar y robo en lugar habitado. Las cifras son contundentes. Según la ENUSC 2023, el 17,3% de los hogares de Peñalolén fue víctima de robos. Además, los llamados a la central municipal 1461 por robo en lugar habitado aumentaron un 73,7% entre enero y agosto de 2025 respecto del mismo período del año anterior, llegando a un 134,2% de incremento en Peñalolén Nuevo. El mismo diagnóstico identifica como problemas críticos del espacio público el consumo y venta de drogas y la falta de luminarias.
No se trata únicamente de seguridad. Se trata de bienestar. Porque una plaza recién pintada puede verse mejor, pero no reduce el miedo de quien camina de noche desde el paradero hasta su casa. En cambio, una luminaria que funciona, una patrulla preventiva en los horarios críticos o una intervención donde realmente ocurren los delitos sí mejoran la calidad de vida de las personas. Porque eso es justamente lo que nos dicen los vecinos: “mucha tele, pocas nueces”. El temor no cede porque el delito que más los golpea no se combate con un operativo fotografiable.
La Ley N.º 18.695, en su artículo 104 F, establece que el Plan Comunal de Seguridad Pública es el instrumento que orienta las acciones municipales en esta materia. No es una declaración de buenas intenciones ni un documento decorativo: es el compromiso que la administración adquiere con sus vecinos. Como concejal, corresponde preguntarse si los recursos municipales -horas de inspectores, coordinación policial y presupuesto- se están destinando conforme a esa planificación o conforme a su rentabilidad comunicacional. Vale recordar, además, que los llamados por violencia intrafamiliar contra mujeres aumentaron un 65,2% en el mismo período, pese a tratarse de otro de los delitos priorizados y que, sin embargo, no ha generado operativos de similar despliegue.
Nadie plantea disminuir las fiscalizaciones ni abandonar la recuperación de espacios públicos. Lo que exigimos es coherencia. Que el municipio cumpla el plan que aprobó, que los recursos se orienten donde el diagnóstico demuestra que más se necesitan y que la gestión se evalúe por cuánto mejora la vida en nuestros barrios, no por la cantidad de cámaras que logra convocar.
La pregunta de fondo es simple: ¿estos despliegues buscan que los vecinos vivan más seguros, o buscan pantalla con miras a una eventual reelección?
Juan Cristóbal Sergio Cantuarias Cantuarias
