Señor Director:
Establecimientos educacionales siendo vecinos de botillerías. Esto pasa en Peñalolén, a pesar de que la ley 19.925 prohíbe la instalación de estas a menos de cien metros de colegios.
¿Desde cuándo la libertad económica de vender alcohol pesa más que el resguardo y protección de nuestras infancias? Detrás de esa “libertad” hay costos que paga toda la comunidad y de la cual nadie se hace responsable: consumo problemático a metros de las escuelas, y el alcohol siendo factor recurrente en la violencia intrafamiliar de distintos barrios de Peñalolén.
Los municipios podemos ordenar, pero no torcer una ley nacional. Por eso el llamado es al Congreso: una reforma a la Ley de Alcoholes efectiva tiene que mejorar los vacíos existentes. Que el criterio de la ubicación a menos de cien metros de un colegio se cumpla estrictamente al abrir una botillería y al renovar una patente de alcohol. Que se amplíen las facultades para revocar la patente donde se compruebe su daño al entorno y a la sana convivencia, y en donde las juntas de vecinos tengan voz real en esa decisión.
No se trata de prohibir. Se trata de proteger a nuestras niñeces, mujeres y barrios.
