Señor Director:
Este jueves 24 de septiembre la Comisión de Presupuesto del Concejo Municipal de Peñalolén inicia la discusión del presupuesto 2027. El alcalde debe someterlo en la primera semana de octubre y el Concejo pronunciarse antes del 15 de diciembre. Antes de decidir cuánto gastar hay una pregunta previa que seguimos sin responder: cuánto debemos.
Este año han circulado cifras sobre el pasivo municipal que difieren entre sí en miles de millones. No existe todavía un número único, certificado y desagregado por año de origen que el Concejo haya podido validar. Y el informe de ejecución presupuestaria del segundo trimestre, cerrado el 30 de junio, recién nos fue presentado el 10 de septiembre: 72 días después. Empezamos a discutir el presupuesto del año próximo sin haber analizado con tiempo el actual.
Eso no es un detalle administrativo. El artículo 81 de la Ley N° 18.695 dispone que el Concejo solo puede aprobar presupuestos debidamente financiados y obliga a la Dirección de Control a representarle los déficit que advierta y las deudas que puedan no ser servidas dentro del presupuesto anual. Su inciso segundo es categórico: si el Concejo desatiende esa representación y no rectifica, el alcalde que no proponga las modificaciones y los concejales que las rechacen responden solidariamente de la parte deficitaria de la ejecución al 31 de diciembre, con acción pública para reclamarlo. Es responsabilidad personal de cada uno de nosotros.
La oportunidad de la información importa tanto como su contenido. El artículo 27, letra c), obliga a la Dirección de Administración y Finanzas a informar trimestralmente el detalle mensual de los pasivos acumulados y las cuentas por pagar. Un presupuesto que no reconoce lo que ya se debe no es un presupuesto: es una proyección optimista que al año siguiente vuelve a descuadrarse. Y cada peso comprometido en deuda arrastrada es un peso que no llega a calles, seguridad ni programas sociales.
Pido tres cosas para esa discusión. Un estado certificado de las obligaciones devengadas y no pagadas, desagregado por año de origen. Que la estimación de ingresos venga con los antecedentes que permitan verificar su razonabilidad. Y que el informe de la Dirección de Control se conozca antes de la votación y no después.
Nada de esto es una acusación. Es lo que la ley exige y lo que los vecinos tienen derecho a esperar: que las cuentas de su municipio sean ciertas.
Juan Cristóbal Cantuarias Cantuarias
Concejal de Peñalolén
