Los funcionarios de la salud pública concretaron un paro nacional de 48 horas los días 29 y 30 de septiembre en protesta por los severos recortes al presupuesto sanitario impulsados desde el Ministerio de Salud por el gobierno del presidente José Antonio Kast. En este escenario de movilización, la Asociación San Luis/La Torres organizó el pasado 29 de septiembre un conversatorio informativo en las dependencias del CESFAM San Luis de Macul, en la comuna de Peñalolén. La actividad buscó explicar y discutir con los funcionarios las causas de la paralización y alertar sobre las graves consecuencias que el ajuste fiscal provocará en la atención primaria y en la calidad de vida de las familias de cara al año 2027.
El encuentro contó con las ponencias de Osvaldo Torres, antropólogo, magíster en Historia, doctor en Estudios Latinoamericanos y exconcejal de Peñalolén; el Dr. Diego Soto, médico especialista en medicina familiar del CESFAM San Luis de Macul; y Marco Guajardo, destacado dirigente social de la comuna, exintegrante de la Unión Comunal y Luis Ávila Berríos, Trabajador Social.
El origen del ajuste: Reforma tributaria y alza en el costo de la vida
Durante su intervención, el Dr. Diego Soto detalló el marco económico nacional que originó la actual crisis presupuestaria. Según explicó el profesional, la contracción de los fondos públicos responde a decisiones políticas orientadas a la reducción del aparataje estatal y no a una falta real de liquidez fiscal.
Entre los factores desencadenantes destaca la decisión gubernamental de no aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), lo que provocó un alza directa de entre $300 y $500 por litro de bencina. Esta medida encareció la cadena productiva y el costo de la vida de las familias trabajadoras de manera regresiva.
A este escenario se sumó una reforma tributaria aprobada en paralelo a la ley de reconstrucción. Dicha norma introdujo dos modificaciones centrales:
- Rebaja del impuesto corporativo a las empresas: Se redujo la tasa del 27% al 22,3%, generando una menor recaudación fiscal estimada en 3.000 millones de pesos anuales.
- Exención de contribuciones a viviendas de alto avalúo: Benefició principalmente al 22% de los inmuebles de mayor patrimonio del país.
Esta exención desfinanció al Fondo Común Municipal (FCM), pilar de financiamiento para comunas vulnerables. Para paliar este déficit, Tesorería compensa los fondos a través de la recaudación general del Impuesto al Valor Agregado (IVA). De este modo, los beneficios otorgados a los sectores de mayores ingresos terminan siendo costeados de forma regresiva mediante el impuesto al consumo que paga toda la ciudadanía.
Recorte parejo del 3% en ministerios y su impacto en Salud
Como parte del plan de austeridad, el Ministerio de Hacienda instruyó una reducción presupuestaria uniforme del 3% en todos los ministerios, ejecutada sin un plan de mitigación ni evaluación previa de impacto en los servicios comunitarios.
En el área de la salud, este ajuste del 3% agrava la brecha histórica del valor per cápita asignado a la atención primaria. Actualmente, el aporte estatal bordea los $11.900 por usuario inscrito, lejos de los $16.300 necesarios para cubrir los costos reales de atención. A esto se suma que el decreto de reajuste presupuestario no fue firmado a inicios de año como correspondía, congelando los recursos operativos.
El derecho a la salud frente a los estándares internacionales
Por su parte, el antropólogo Osvaldo Torres abordó la problemática desde la perspectiva de los derechos humanos y el marco legal vigente. Torres recordó que la Constitución chilena no garantiza explícitamente el derecho a la salud, sino únicamente la protección del acceso a la misma.
Sin embargo, el Estado de Chile está obligado internacionalmente al haber suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las Naciones Unidas. Este tratado exige cumplir con cuatro estándares fundamentales:
- Disponibilidad: Suficiencia de recintos y centros de salud.
- Accesibilidad: Posibilidad física y geográfica de llegar a la atención.
- Asequibilidad: Atención sin discriminación económica o social.
- Calidad: Prestaciones médicas con estándares adecuados de dignidad y eficacia.
Torres enfatizó que los organismos internacionales como la UNESCO y el Comité DESC establecen el principio de progresividad de los derechos, el cual prohíbe las medidas regresivas. En consecuencia, reducir presupuestos y desmantelar programas sociales vulnera las obligaciones internacionales asumidas por el país.
La amenaza sobre 41 programas de salud vitales
Uno de los puntos más alarmantes expuestos en el conversatorio fue la propuesta de Hacienda de suprimir o recortar 41 programas de salud pública bajo el argumento de que sus resultados no son cuantitativamente medibles.
Entre los programas que se verían directamente comprometidos en el territorio destacan:
- Fondo de Farmacia (FOPAR): Financia medicamentos esenciales para pacientes crónicos con hipertensión, diabetes y colesterol (como la atorvastatina).
- Atención Domiciliaria a Pacientes con Dependencia Severa: Apoya a personas postradas y alivia la carga de cuidados que recae mayoritariamente en las mujeres de los hogares.
- Salud Mental en APS: Programas de acompañamiento psicosocial y prevención del suicidio en jóvenes y adultos.
- Programas Odontológicos: Iniciativas preventivas como Sembrando Sonrisas y atención bucal a embarazadas y adultos mayores.
El Dr. Diego Soto advirtió que la eliminación de estos programas trasladará el costo directamente al gasto de bolsillo de las familias, obligándolas a comprar medicamentos o servicios en el sector privado.
De Consultorios a CESFAM: El modelo preventivo en riesgo de colapso
La transición desde los antiguos consultorios a los Centros de Salud Familiar (CESFAM) tuvo como objetivo centrar la medicina en la prevención y promoción de la salud en la comunidad. Sin embargo, los expositores explicaron que este modelo no ha podido consolidarse plenamente debido a la falta de recursos y al predominio de metas cuantitativas de productividad.
Las agendas médicas saturadas —con consultas de morbilidad de solo 15 minutos— reducen la atención a meras métricas de rendimiento numérico. Si los recortes presupuestarios se profundizan hacia el año 2027, la capacidad preventiva de la atención primaria colapsará. Esto generará que patologías evitables derivan en complicaciones graves, sobrecargando la red hospitalaria secundaria.
Dirigentes comunitarios en alerta por el presupuesto 2027
El dirigente comunal Marco Guajardo expresó la profunda preocupación que existe entre los vecinos y clubes de adultos mayores de Peñalolén. Guajardo hizo un llamado a fortalecer la alianza entre los trabajadores de la salud, los dirigentes sociales y las autoridades municipales.
Frente a la discusión del presupuesto municipal, el dirigente enfatizó la necesidad de exigir transparencia en las transferencias de fondos hacia la salud pública local. La comunidad organizada busca evitar que el desfinanciamiento nacional obligue a suspender prestaciones territoriales a partir del 1 de enero de 2027.
