La administración municipal liderada por Miguel Concha (FA) inició una acción legal por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. La querella apunta a un esquema de ocultamiento de deuda y desvío de fondos durante la gestión de la actual subsecretaria de Prevención del Delito.
Según información revelada por La Tercera, el municipio de Peñalolén ingresará esta querella criminal ante el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, tras confirmar los resultados de una auditoría externa. La acción judicial no solo se dirige contra la exalcaldesa Carolina Leitao, sino también contra otros tres altos cargos de su administración: el exadministrador municipal Patricio Escobar; la directora de Administración y Finanzas, Tamara Rubio; y el exdirector de Secpla, Juan Pino Melo.
El millonario déficit detectado en la auditoría
La decisión del alcalde Miguel Concha de judicializar el caso surge tras un informe de auditoría que advirtió un déficit de un poco más de 16 mil millones entre el 2021 y 2024. A partir del hallazgo el equipo legal del municipio calcula que la administración anterior provocó una pérdida directa de $12.223.000.000 de pesos.
De acuerdo con el documento legal, los querellados habrían elaborado un mecanismo para sostener una “apariencia de buen funcionamiento financiero”, mientras el municipio caía en una situación de insolvencia progresiva. Para lograr esto, se acusa que la gestión anterior sobreestimó presupuestos, ejecutó gastos sin respaldo financiero efectivo y presentó balances financieros falsos ante la Contraloría General de la República.
Mecanismos de ocultamiento y desvío de recursos
La querella detalla que uno de los métodos principales fue la subvaloración de la “deuda flotante”. Como ejemplo, el libelo menciona que para el presupuesto de 2025 solo se destinaron
Además del ocultamiento contable, la investigación interna reveló el uso irregular de fondos con destinos específicos:
- Fondos PMU: Se habrían desviado al menos $1.966 millones del Programa de Mejoramiento Urbano —destinados originalmente a plazas y canchas— para cubrir gastos corrientes del municipio.
- Garantías de urbanización: Se acusa el cobro irregular de boletas de garantía por un monto de $947 millones correspondientes a obras que nunca fueron ejecutadas.
- Aumento de gastos operativos: La auditoría también detectó que, durante el periodo cuestionado, se duplicó el número de funcionarios municipales y se triplicó el pago de horas extras.
Impacto político e investigaciones en curso
La querella sostiene que Leitao y sus colaboradores participaron a sabiendas en una “trama de defraudación” diseñada para utilizar más recursos de los disponibles sin abordar el problema financiero de fondo.
El caso ya está siendo tramitado de oficio por la Fiscalía Oriente, instancia donde el actual alcalde Miguel Concha ya prestó declaración ante la Policía de Investigaciones (PDI). Con la presentación de esta querella, el municipio busca formalizar su participación en el proceso penal y exigir responsabilidades por el daño al patrimonio público.
