La demolición de una presunta “narcocasa” en Peñalolén llegó a tribunales y a la Contraloría General de la República, luego de que la propietaria del inmueble destruído denunciara irregularidades en el procedimiento.
Lo que comenzó como un bullado operativo de seguridad en la Villa Galvarino hoy escaló a instancias judiciales y administrativas. La demolición de un inmueble en Avenida Departamental, realizada el 3 de marzo y encabezada por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, en compañía de Carabineros y Seguridad Municipal, hoy enfrenta cuestionamientos por su legalidad.
De “Narcomarket” a denuncia por vulneración
Durante el procedimiento, la autoridad comunal calificó el inmueble como un “narcomarket” en diversos medios de comunicación, asegurando que operaba como un centro de distribución con control territorial en el sector.
Sin embargo, la propietaria, Bernarda Cruz, de 77 años, inició acciones legales en contra del operativo. Según su testimonio, la intervención vulneró sus derechos y la dejó, junto a su familia, en situación de calle, sin posibilidad de reingresar a su propio terreno.
Citación al Juzgado de Garantía
El 13° Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud de control judicial (Art. 186 del Código Procesal Penal), presentada por la defensa de la afectada, bajo el RIT 1550-2026.
Este mecanismo se utiliza cuando una persona considera que está siendo afectada por una investigación penal no formalizada. En la audiencia, fijada para el próximo 30 de abril, el Ministerio Público deberá informar sobre:
• Los resultados del procedimiento realizado en el inmueble.
• La eventual existencia de sustancias ilícitas o armas, en línea con lo señalado públicamente por el municipio.
Denuncia ante Contraloría: cuestionamientos al procedimiento
En paralelo, se ingresó una presentación ante la Contraloría General de la República, en la que se cuestiona la legalidad administrativa del operativo.
Entre los principales puntos planteados se encuentran:
• Eventual falta de debido proceso: Se cuestiona si existió un decreto alcaldicio de demolición debidamente tramitado y notificado antes de ejecutar el procedimiento.
• Alcance de las atribuciones municipales: Se plantea si la autoridad comunal pudo haber excedido sus facultades al vincular la demolición a un contexto de combate al narcotráfico.
• Situación de la propietaria: Se advierte sobre la ausencia de medidas de apoyo o resguardo social, considerando su edad y condición actual.
Municipio defiende legalidad del operativo
Desde el municipio de Peñalolén sostienen que la demolición se realizó conforme a la ley y con fundamentos técnicos y administrativos previos:
“La casa fue allanada por las policías 3 veces y existe un informe de Carabineros contundente respecto a micro tráfico, frecuencia de disparos y otros problemas asociados a la casa. Además, el fundamento para dictar el decreto de demolición fueron las graves infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones que ponía en riesgo a vecinos y habitantes de esa construcciones irregular. Absolutamente ajustado a la ley frente a una propiedad que no tenía ningún tipo de permiso de edificación”.
Asimismo, señalaron que la medida se basó en un decreto de demolición emitido el 6 de enero, el cual declaró la inhabitabilidad del inmueble y ordenó la demolición total de construcciones irregulares por incumplir la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
De acuerdo con el documento presentado por el municipio, el inmueble no contaba con permisos de edificación ni recepción definitiva, y presentaba riesgos estructurales. Además, se habría otorgado un plazo previo para realizar la demolición de forma voluntaria.
Sumado a eso, un informe sociodelictual elaborado por Carabineros habría identificado al sector como una zona con alta concentración de delitos, incluyendo robos, consumo y venta de drogas en la vía pública, lo que fue considerado como un respaldo técnico para su intervención.
Documentos de respaldo Municipio
Un caso en manos de la justicia
Mientras desde el municipio se ha señalado que el procedimiento se realizó conforme a la normativa vigente y con el objetivo de recuperar la seguridad del sector, serán tanto la justicia como la Contraloría las instancias que deberán determinar si la medida se ajustó al derecho o si existieron eventuales irregularidades en su ejecución.
