El municipio contrató por trato directo al estudio Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann para asesoría penal en la querella presentada contra la exalcaldesa Carolina Leitao. El contrato fija un costo de 120 UF mensuales por seis meses y ya generó tres presentaciones ante Contraloría.
El 4 de marzo de 2026, nuevas informaciones sobre las acciones judiciales impulsadas por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, contra la exalcaldesa y ahora ex Subsecretaría de Prevención del Delito, Carolina Leitao, volvieron a aparecer en la prensa nacional. Se trata de un caso que ya ha sido cubierto por diversos medios, incluyendo Tres Puntos.
Este reportaje aporta nuevos antecedentes a partir de la revisión de documentación municipal que confirma cómo se contrató la asesoría penal para la querella, cuál es su costo y qué elementos han llevado a que la controversia llegue a la Contraloría General de la República mediante tres presentaciones distintas.
Tres Puntos tuvo acceso a estos documentos —uno de carácter reservado y otros formales—, revisados en el marco de este reportaje. Por razones de secreto periodístico, no se identifican los autores de dichas presentaciones.
Tres Puntos también estuvo presente en el punto de prensa donde el alcalde Miguel Concha anunció la presentación de una querella contra la exalcaldesa Leitao por eventuales delitos como fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Según lo informado públicamente, el perjuicio económico asociado a estos hechos se ha cifrado en al menos $12 mil millones.
Lo que está en papel: decreto confirma trato directo y costo en UF
Tres Puntos tuvo acceso al Decreto Alcaldicio N° C1300/2940, fechado el 27 de noviembre de 2025, que autoriza la contratación directa del servicio denominado “asesoría jurídica especializada en materia penal de alta complejidad”.
El proveedor contratado es el estudio Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann Limitada (BACS).
El decreto fija un contrato por seis meses, con un pago de 120 UF mensuales, entre el 27 de noviembre de 2025 y el 27 de mayo de 2026, lo que totaliza 720 UF durante el período.
En términos simples, el municipio comprometió un gasto mensual reajustable por medio año mediante la modalidad de trato directo.
La justificación municipal: alta complejidad y falta de especialización interna
En la fundamentación del decreto, el municipio invoca la causal de alto grado de especialización, contemplada en el artículo 71 N°7 letra c) del DS 661/2024, señalando que los hechos investigados podrían constituir ilícitos penales graves.
Según el documento, ello requeriría estrategias y representación especializada en litigación penal compleja, una capacidad que —según el decreto— el municipio no tendría disponible dentro de su equipo jurídico interno.
Sin embargo, una de las presentaciones ingresadas a Contraloría y revisadas por Tres Puntos cuestiona esta premisa. En ese documento se plantea que la municipalidad sí contaría con dotación jurídica suficiente para asumir estas funciones.
El escrito sostiene que la Dirección Jurídica municipal tendría alrededor de 10 abogados, incluyendo profesionales con formación avanzada en derecho penal.
A través del portal de Transparencia, Tres Puntos revisó la dotación jurídica municipal y pudo constatar la presencia de aproximadamente diez abogados, entre ellos al menos un profesional con magíster en Derecho Procesal Penal.
Este contraste entre la justificación del decreto y la información disponible públicamente es uno de los puntos que alimenta la controversia.
Qué incluye el servicio: asesoría penal permanente
El alcance del contrato no se limita únicamente a la presentación de una querella.
Según el decreto, el servicio incluye:
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asesoría a distintas unidades municipales
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revisión e indagación de antecedentes
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presentación y tramitación de querellas o denuncias
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asesoría ante el Ministerio Público y otras instituciones
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exposiciones ante el Concejo Municipal cuando lo solicite el alcalde
Esto implica un acompañamiento jurídico permanente durante el período contratado.
Por lo mismo, el debate sobre el costo no se centra únicamente en el valor inicial de la querella, sino en cuánto podría significar sostener el proceso si la causa se extiende en el tiempo.
Un concejo dividido en el “cómo”
En el punto de prensa donde se anunció la querella no estuvo presente la totalidad del Concejo Municipal.
Según antecedentes recogidos por Tres Puntos, siete concejales asistieron y tres no estuvieron presentes.
Respecto de las ausencias, una versión interna indicó que se debieron a un velorio, una actividad previamente agendada y motivos personales. La misma fuente señaló no tener claridad sobre si existieron otras razones de fondo.
Entre concejales consultados por Tres Puntos aparece una idea común: existe respaldo transversal a que los hechos sean investigados, pero hay diferencias sobre la forma en que se está llevando el proceso.
El concejal Iván Tapia (Frente Amplio) sostuvo que durante el período en que ejerció como concejal bajo la administración de Leitao el Concejo aprobaba decisiones en base a información entregada por la administración, y que auditorías posteriores habrían levantado posibles omisiones. A su juicio, corresponde que la justicia investigue para determinar responsabilidades.
Por su parte, Juan Cristóbal Cantuarias (PS) señaló que no observa un quiebre institucional en el Concejo, pero enfatizó la importancia de conocer en detalle los fundamentos y costos de la estrategia judicial en un municipio que enfrenta estrechez financiera.
El concejal Claudio Hernández (independiente) respaldó la querella y defendió la asesoría externa como una señal de seriedad y neutralidad en el proceso, aunque reconoció que existen diferencias respecto del costo y la modalidad de contratación.
En concejal Sebastián Villouta (Partido Republicano) subrayó que la auditoría que dio origen a la querella fue un esfuerzo impulsado por el Concejo y no por la administración municipal. Sobre la estrategia legal indicó no estar de acuerdo con contratar abogados externos, generando costos desconocidos, existiendo una Dirección de Asesoría Jurídica que puede llevar adelante una querella.
En tanto, Ignacio Sánchez (RN), presidente de la Comisión de Presupuesto, advirtió que el piso actual del contrato —720 UF por seis meses— podría aumentar si la causa se prolonga.
Por qué el nombre del estudio genera debate
Parte del impacto político del caso no está solo en el monto del contrato, sino también en el perfil del estudio jurídico contratado.
Reportajes de prensa han señalado que el penalista Miguel Schürmann, socio del estudio BACS, ha participado en causas vinculadas a figuras del oficialismo.
Por ejemplo, La Tercera ha mencionado su rol en diversas defensas mediáticas, mientras que Ex-Ante ha vinculado a integrantes del estudio con actuaciones relacionadas con el caso ProCultura.
Este reportaje menciona ese contexto únicamente para explicar por qué la contratación genera debate público y mayor escrutinio político.
La legalidad del contrato dependerá finalmente de los antecedentes documentales y de eventuales pronunciamientos de Contraloría.
El frente en Contraloría: tres presentaciones
Tres Puntos revisó antecedentes que dan cuenta de tres presentaciones ingresadas ante la Contraloría General de la República relacionadas con esta materia.
Dos de estos documentos plantean cuestionamientos distintos:
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uno de ellos cuestiona la contratación por trato directo del estudio BACS por 720 UF, mencionando también otros contratos jurídicos municipales y posibles duplicidades de funciones con la Dirección Jurídica interna
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otro solicita revisar eventuales responsabilidades administrativas vinculadas al manejo financiero del municipio
En la práctica, el conflicto dejó de ser solo político o comunicacional y pasó a tener un frente administrativo ante Contraloría, centrado en la legalidad de la modalidad de contratación y el control del gasto público.
El antecedente Maipú
El caso también se conecta con un antecedente previo.
Contraloría cuestionó en el pasado contratos por trato directo celebrados entre el municipio de Maipú y el mismo estudio jurídico, señalando problemas en los fundamentos de esa modalidad y la falta de explicación sobre por qué no se utilizaron capacidades internas de la Dirección Jurídica municipal.
Este antecedente no determina lo que ocurra en Peñalolén, pero explica por qué la discusión se centra en los fundamentos del trato directo.
La respuesta de la Municipalidad
Consultado por Tres Puntos, el municipio indicó que la querella responde a un deber legal del alcalde en su calidad de autoridad pública, señalando que tiene la obligación de informar al Ministerio Público cuando existen antecedentes de eventuales delitos que puedan afectar recursos municipales.
Desde la municipalidad agregaron que la acción judicial se basa en antecedentes recopilados por una auditoría externa realizada por Fortunato & Asociados, contratada mediante licitación pública.
Según el municipio, esa auditoría habría identificado un déficit cercano a los $16 mil millones.
Respecto de la contratación de BACS, la administración sostuvo que se realizó a través del sistema de compras públicas considerando la trayectoria del estudio en litigación penal compleja y la dificultad técnica de la causa.
Asimismo, afirmaron que la contratación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 71 N°7 letra c) del DS 661/2024, que permite contratar servicios que requieren un alto grado de especialización.
Lo claro y lo que queda en disputa
Lo documentado:
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existe un decreto alcaldicio que autoriza la contratación directa
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el contrato fija un pago de 120 UF mensuales durante seis meses (720 UF)
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el servicio contempla asesoría penal permanente
Lo que está en discusión:
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si la causal de falta de capacidades internas está suficientemente justificada
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cuál podría ser el costo total real si el proceso judicial se extiende
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cómo se fiscaliza el gasto en un contrato pagado mediante estados de pago
Un debate que mezcla política y finanzas municipales
Más allá de la disputa política, el debate de fondo en la comuna es el impacto que puede tener un gasto de este tipo en un contexto de déficit municipal.
El decreto fija un piso de 720 UF por seis meses, pero si el proceso judicial se extiende, el costo podría aumentar.
A esto se suma una tensión política evidente: mientras la municipalidad ha justificado ajustes presupuestarios debido a la situación financiera, el contrato con asesoría externa ha abierto una discusión sobre el uso de recursos y la eventual existencia de capacidades jurídicas internas.
El pronunciamiento de Contraloría será clave para determinar si la modalidad de contratación utilizada cumple con los estándares administrativos exigidos.
