Aunque en el municipio se comenta un posible quiebre, los concejales han sido cautos y no confirman una ruptura institucional. Sí reconocen diferencias sobre el camino judicial, la contratación externa y los costos asociados, en un contexto de estrechez financiera municipal.
El Concejo Municipal de Peñalolén enfrenta un nuevo momento de tensión política tras el anuncio del alcalde Miguel Concha sobre la presentación de una querella criminal vinculada a la situación financiera del municipio, apuntando a la exalcaldesa Carolina Leitao, hoy subsecretaria de Prevención del Delito, y a eventuales responsabilidades administrativas y penales que deberán ser investigadas por las instituciones correspondientes.
El debate se instaló con fuerza luego de un punto de prensa al que no asistió la totalidad del Concejo: según la información recabada por Radio Tres Puntos, siete concejales estuvieron presentes y tres no asistieron. Mientras algunos se excusaron por compromisos previamente agendados con organizaciones sociales, otros han manifestado reparos respecto de la estrategia adoptada, especialmente por sus costos y el manejo político-comunicacional del caso.
“No veo un quiebre institucional”: PS pide transparencia, pero cuestiona costos
En conversación con Radio Tres Puntos, el concejal Juan Cristóbal Cantuarias (Partido Socialista) señaló que presentar una querella es una facultad del alcalde como representante legal de la municipalidad y que lo relevante ahora es que la investigación permita esclarecer completamente los hechos.
Consultado por un supuesto quiebre, Cantuarias fue enfático: “No veo un quiebre institucional en el concejo”, y sostuvo que en un órgano colegiado es normal que existan opiniones distintas, manteniéndose un punto común: investigar con transparencia y resguardar el buen uso de los recursos.
Sin embargo, introdujo un foco crítico: los costos. El concejal afirmó que, hasta ahora, el gasto asociado a la acción judicial sería de aproximadamente $30 millones y advirtió que, por experiencias de otros municipios, el costo final podría ser mayor. En ese contexto, planteó que es razonable preguntarse si es responsable incurrir en un gasto de esa magnitud en medio del déficit municipal y recortes internos.
Nota del medio: Radio Tres Puntos está solicitando confirmación oficial/documental sobre los montos señalados y detalles de contratación, para actualizar esta información.
Frente Amplio: auditorías hablarían de omisiones y el concejo aprobó con “información oficial”
En audio enviado a Radio Tres Puntos, el concejal Iván Tapia (Frente Amplio) explicó que, durante el período en que ejerció como concejal cuando Carolina Leitao era alcaldesa, el concejo cumplía un rol fiscalizador y las decisiones presupuestarias se tomaron sobre la base de la información oficial presentada por la administración y sus unidades técnicas.
Tapia sostuvo que, según lo que indican auditorías posteriores, “aparentemente se trabajó con documentación que omitía información”, y planteó que es clave que la justicia investigue en profundidad para esclarecer qué ocurrió y determinar responsabilidades.
Independiente: respalda querella y estudio externo para “neutralidad” y transparencia
Por su parte, el concejal Claudio Hernández (independiente) respaldó la querella y afirmó que su concejalía la había solicitado desde el inicio, junto con auditorías y búsqueda de responsabilidades penales.
Hernández reconoció que existen diferencias en la forma, ya que algunos cuestionan la contratación de un estudio jurídico externo por el costo que podría significar para el municipio. Aun así, defendió la asesoría externa como una manera de asegurar un proceso “serio” y reforzar confianza pública, señalando que existe desconfianza hacia instituciones.
Además, mencionó como materia a esclarecer recursos asociados a PMU (Programas de Mejoramiento Urbano), indicando que se trataría de cerca de $2.000 millones cuyo destino, según su apreciación, debe aclararse.
Nota del medio: Radio Tres Puntos solicitará antecedentes oficiales para precisar esta cifra y el estado de los programas mencionados.
Republicano cuestiona costos de abogados externos
Uno de los ausentes en el punto de prensa fue el concejal Sebastián Villouta (Partido Republicano), quien señaló a Radio Tres Puntos que la auditoría que dio origen a esta querella fue impulsada inicialmente por concejales y no por la administración municipal.
“Fuimos algunos concejales quienes solicitamos formalmente una auditoría externa para revisar la situación financiera del municipio, ejerciendo nuestro rol fiscalizador y resguardando la transparencia en el uso de los recursos públicos”, afirmó.
Respecto a la querella anunciada por la actual administración, Villouta planteó que espera que la acción cuente con sustento técnico y jurídico suficiente.
“Esperamos que la administración tenga los antecedentes necesarios para que esta acción tenga sustento real y no termine siendo solo un anuncio de prensa. Aquí lo importante no es el titular; lo importante es la verdad, la responsabilidad y el respeto por los recursos de todos los vecinos”, sostuvo Villouta.
El concejal también cuestionó la eventual contratación de abogados externos para llevar adelante el proceso. “No estoy de acuerdo con contratar abogados externos, generando costos que aún no conocemos, existiendo una Dirección de Asesoría Jurídica que puede llevar adelante una querella”, agregó el Republicano.
Más que “quiebre”: diferencias por estrategia en un mismo objetivo
Con las declaraciones recogidas, el cuadro que se configura no es el de un quiebre confirmado, sino el de un concejo que comparte un objetivo —aclarar el uso de recursos públicos— pero discute con fuerza el cómo: querella, contratación externa, costos presentes y futuros, y el tono del manejo político y mediático.
Radio Tres Puntos continúa solicitando versiones a los concejales ausentes y a las partes aludidas, y actualizará esta nota a medida que existan respuestas oficiales o antecedentes verificables sobre costos y contratación.
